Por: BRIAN FINCHELTUB
Fuente: El Nacional
Hay varios ejemplos que confirman que esa es la situación venezolana. El
primero que pondré es uno que viven los habitantes de los frontera
desde hace años y que se comienza a expandir por los llanos venezolanos,
incluso por zonas que se habían mantenido en relativa tranquilidad en
medio de tanto caos. Hablamos del cobro de vacunas por parte de grupos
irregulares, bien sea guerrilla o grupos delictivos. La vacuna es el
pago en especies, en bolívares y en algunos casos hasta en dólares, de
un impuesto a la vida que les permite a comerciantes, agricultores y
ganaderos recibir protección de grupos delictivos, siempre y cuando haya
continuidad en el pago. Quien no paga, asume las consecuencias, pierde
la inmunidad. Sucede que en muchos casos quien se ve imposibilitado de
pagar y quiere seguir viviendo tiene que vender y huir.
Nos vamos a la ciudad, donde hay procesos que se venían arrastrando
desde décadas atrás, pero que se potenciaron en los últimos diez años y
hay otros que peligrosamente se han impulsado desde el poder político.
En nuestras grandes ciudades hay sectores donde no entra un funcionario
policial, y ya pareciera haberse implantado una convención en las
comandancias de policías de que se trata de territorios liberados, donde
el control está a cargo de bandas criminales. Aquí los ciudadanos
quedan en medio de una guerra donde las bajas en la mayoría de los casos
las encabezan inocentes. Nadie habla, mandan el hampa y el miedo.
El otro fenómeno, uno de los más peligrosos, viene impulsado desde el
propio Estado, nacen como fuerzas de choque al inicio del gobierno, bajo
el nombre de “círculos bolivarianos” y se agrupan años más tarde en los
denominados “colectivos”. Ellos también controlan territorios, siendo
representativo el caso del 23 de Enero, donde cuentan con circuito
cerrado de vigilancia, proveen a los habitantes de esa zona de algunos
servicios, como televisión por cable, que cobran a precios más bajos,
además afirman que son responsables de la seguridad. Aquí el Estado ha
concedido voluntariamente que, a pocas cuadras de Miraflores, el control
lo tengan grupos paramilitares y no las fuerzas legítimas del orden.
Lo que pasó esta semana confirma lo que se teje peligrosamente detrás de
estos grupos, dirigidos en su mayoría por exfuncionarios policiales o
personal entrenado militarmente, asumen cada vez más poder, incluso
retando al Estado. Hay un conflicto de intereses y surge un
enfrentamiento, y se demuestra finalmente, después de desmentirlo tantas
veces, que son grupos armados, donde muchas veces lo ideológico es
usado como escudo para delinquir.
La descomposición llega a niveles extremos cuando uno no sabe si
denunciar representa un riesgo mayor para nuestra seguridad, cuando se
pierde toda confianza en el Estado, que nunca aparece para
resguardarnos, para garantizar nuestra seguridad y derecho a la vida,
pero que está siempre para intimidar, para perseguir y encarcelar a
disidentes. Tiempos difíciles que nos tienen que llenar de valor, que
nos deben hacer más dignos en este camino que no solo busca recuperar la
justicia y la paz, sino la confianza de vivir y creer en Venezuela. Yo
apuesto por mi país.
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